El presidente Javier Milei quedó en el centro de una nueva polémica tras la promoción de la criptomoneda $LIBRA, vinculada al proyecto “Viva la Libertad Project”. Lo que en principio presentó como una herramienta para impulsar pequeños emprendimientos en Argentina terminó en un escándalo con denuncias de fraude financiero y reclamos de interpelación en el Congreso.
A través de su cuenta en X (ex Twitter), Milei difundió la iniciativa con entusiasmo y fijó la publicación en su perfil. Sin embargo, en cuestión de horas, el valor de la criptomoneda se desplomó, dejando a un número indeterminado de inversores con activos devaluados. En medio de la controversia, el Presidente eliminó el posteo y se desligó completamente del proyecto, argumentando que desconocía los detalles.
El episodio generó sospechas de manipulación del mercado, dado que la promoción inicial provocó un aumento artificial del valor de $LIBRA, lo que permitió que algunos operadores obtuvieran ganancias millonarias en un corto período.
Denuncias y pedidos de investigación
Desde la oposición, distintos dirigentes cuestionaron el accionar de Milei y exigieron explicaciones. Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda, anunció que pedirá la interpelación del Presidente en el Congreso:
“Es un escándalo que el propio Milei reconozca que promocionó una estafa millonaria y luego diga que no estaba interiorizado. ¿Va a dar la cara o se va a esconder como el ministro Caputo?”
En la misma línea, Myriam Bregman sostuvo que el caso no puede cerrarse con un simple pedido de disculpas:
“Las estafas no se borran con explicaciones a medias. Investigación urgente y hasta las últimas consecuencias, sin privilegios de casta.”
A las críticas se sumó Carlos Maslatón, abogado y analista financiero, quien apuntó con dureza contra Milei:
“El Presidente quedó involucrado en un fraude criptográfico. Ha traspasado todos los límites morales. Lo que publicó está diseñado para robar. Esto es causal de juicio político.”
Por su parte, Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica ARI, advirtió que el episodio podría implicar delitos de lavado de dinero, defraudación y estafa, y pidió una investigación legislativa:
“Si esto no fue un hackeo, estamos ante un hecho gravísimo. El Presidente impulsó una criptomoneda que movilizó millones de dólares en pocas horas, generó ganancias extraordinarias y luego colapsó, dejando a miles de damnificados. Esto podría violar la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras.”
El Gobierno evita dar explicaciones
Lejos de aclarar la situación, la reacción oficial estuvo marcada por el silencio y el ataque a quienes cuestionaron el accionar presidencial. En un breve mensaje, Milei desestimó las críticas y apuntó contra la oposición:
“A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo.”
El comunicado no abordó el eje central del escándalo: la responsabilidad presidencial en la promoción de un activo financiero que, en cuestión de horas, perjudicó a un número indeterminado de ciudadanos.