En una decisión que impacta directamente en los derechos de los consumidores, el Gobierno disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) mediante el Decreto 55/2025, publicado este 3 de febrero. Con esta medida, desaparece el registro de conciliadores y el fondo que cubría los honorarios de estos profesionales, dejando a los ciudadanos sin esta herramienta gratuita para resolver conflictos con empresas.
El argumento oficial para la eliminación del organismo es la existencia de “funciones duplicadas” y la necesidad de desburocratizar los trámites administrativos. Según la Secretaría de Comercio, el COPREC resolvió en 2024 apenas el 28% de los reclamos ingresados y su disolución generará un ahorro de $650 millones anuales. En su lugar, aseguran que los consumidores podrán gestionar sus reclamos vía web de manera más “rápida y eficaz”.
¿Quién pierde y quién gana con esta decisión?
Hasta ahora, el COPREC funcionaba como una instancia previa y obligatoria en la que los consumidores podían reclamar contra empresas por cobros indebidos, incumplimientos, productos defectuosos o servicios no prestados, sin necesidad de pagar abogados ni recurrir a la Justicia. El organismo generaba acuerdos conciliatorios, muchas veces sin que los usuarios tuvieran que moverse de sus casas.
Con su eliminación, los reclamos deberán ser judicializados, lo que implica costos más altos, tiempos más largos y mayores dificultades para los damnificados. En términos prácticos, las empresas ahora tendrán menos presión para resolver conflictos, ya que los consumidores deberán enfrentar procesos más engorrosos si quieren exigir sus derechos.
El Estado se retira, el mercado decide
La eliminación del COPREC es coherente con la línea de ajuste del gasto público que el Gobierno viene aplicando desde diciembre. Sin embargo, su impacto no es menor: en la práctica, significa que el Estado deja de intervenir en la protección de los consumidores y los deja a merced de las empresas.
Desde sectores de defensa del consumidor advierten que esta decisión desprotege a la ciudadanía, dejando a los usuarios sin herramientas eficaces para resolver conflictos con grandes compañías que cuentan con equipos legales para dilatar procesos.
Si bien el Ejecutivo sostiene que la vía web será suficiente para canalizar reclamos, la realidad es que en muchos casos estos sistemas no obligan a las empresas a responder y carecen del peso legal que tenía el COPREC.
¿Desburocratización o menos derechos?
El argumento de la eficiencia y el ahorro estatal contrasta con la realidad de muchos consumidores que ahora deberán pelear solos contra corporaciones con mayor capacidad de maniobra. Mientras el Gobierno lo presenta como una simplificación administrativa, la pregunta que queda flotando es: ¿simplificación para quién?
En definitiva, la disolución del COPREC no solo elimina un canal de resolución de conflictos, sino que representa un retroceso en la defensa de los consumidores. Una medida que, lejos de afectar a la “casta”, golpea directamente a la gente común.