Es difícil creer que en pleno siglo XXI, un gobierno de la República Argentina haya permitido la publicación de un documento oficial que califica a las personas con discapacidad como “idiotas”, “imbéciles” y “débil mental”. Un repudio generalizado desde distintos sectores de la sociedad está tomando fuerza, y no es para menos. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo, es responsable de esta aberrante resolución, que no solo revive términos obsoletos, sino que además evidencia una alarmante falta de respeto por los derechos de las personas con discapacidad.
La polémica estalló con la difusión de la Resolución 187/2025, en la que, en el anexo del documento oficial, se establece una clasificación de personas con discapacidad basada en su coeficiente intelectual, donde el organismo asigna los calificativos de “idiota” a quienes tienen un CI entre 0 y 30, “imbécil” a quienes están entre 30 y 50, y “débil mental” a quienes poseen CI entre 50 y 70.
Esta resolución no solo es una burla, sino también un insulto directo a las personas con discapacidad, que históricamente ya han sido objeto de discriminación. El abogado Eduardo Quiroga, experto en Derechos de las Personas con Discapacidad, se manifestó al respecto, advirtiendo que el uso de estos términos no hace más que reforzar estigmas y discriminación, violando la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta postura es compartida por Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), quien calificó el uso de estos términos como “violencia institucional sin precedentes”. En lugar de buscar soluciones inclusivas, el gobierno elige una vía que pone en evidencia su profundo desconocimiento sobre la diversidad de las capacidades humanas y de la legislación vigente.
Hace más de dos décadas que la sociedad ha superado estos términos, entendiendo que la discapacidad no es un obstáculo para la vida plena de una persona. Sin embargo, el gobierno parece estar más interesado en continuar con prácticas del pasado, que solo perpetúan la segregación. Esta postura no solo va en contra de las normas internacionales de derechos humanos, sino que es un claro ejemplo de autoritarismo, donde la ignorancia y el desprecio por el otro se imponen sobre el respeto, la inclusión y la igualdad.