El Sindicato de Trabajadores Viales alerta sobre el recorte del 42% en el presupuesto del organismo, lo que impacta directamente en el mantenimiento de la red vial. El gobierno de Javier Milei ya inició el proceso para privatizar más de 9.000 kilómetros de rutas.
El conflicto por el estado de las rutas nacionales suma un nuevo capítulo: el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció un grave desfinanciamiento en Vialidad Nacional, asegurando que el organismo enfrenta una retención del 42% de su presupuesto para 2024. Desde la entidad sindical, liderada por Graciela Aleñá, advirtieron que esta situación compromete obras esenciales y pone en riesgo la conectividad del país.
Según los datos oficiales, el presupuesto ampliado para este año asciende a $604.738 millones, pero el Ministerio de Economía solo asignó $254.540 millones, dejando un saldo retenido de $350.197 millones. “Este recorte afecta directamente el funcionamiento de Vialidad Nacional y promueve la privatización de tramos de rutas, un esquema que ya fracasó en el pasado”, afirmó Aleñá.
El sindicato también expresó preocupación por las intenciones del Gobierno de avanzar con concesiones privadas en varios corredores estratégicos. “Esto no es más que el desmantelamiento de Vialidad. Quieren destruir lo público para privatizar, y el resultado será un desastre que pagamos todos los argentinos”, agregó la dirigente.
Milei impulsa la privatización de 9.000 kilómetros de rutas
En paralelo, el gobierno de Javier Milei anunció el inicio de un plan de privatización que abarca más de 9.000 kilómetros de la red vial nacional, equivalente al 20% del total. Según el decreto 28/2025, el objetivo es “reducir el gasto público” delegando la conservación y el mantenimiento al sector privado.
El primer tramo licitado será el corredor vial 18, conocido como la “Ruta del Mercosur”, que incluye más de 600 kilómetros y conecta varias provincias argentinas con Brasil, Uruguay y Paraguay. Esta licitación será la primera etapa de un plan más amplio que afecta trece tramos clave de la red vial, donde se concentra el 80% del tránsito.
“El nuevo sistema no contará con subsidios estatales y busca reducir el déficit actual, que genera un gasto proyectado de 6.100 millones de dólares en los próximos 15 a 20 años”, justificaron desde el Gobierno. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar.
Desde el sindicato, Aleñá recordó que las concesiones anteriores ya demostraron ser un fracaso y señaló que este plan es “una apuesta que pone en riesgo la conectividad y los derechos de los ciudadanos”. Mientras tanto, la discusión por el futuro de las rutas nacionales promete tensiones crecientes entre el Gobierno, los trabajadores y los usuarios.