El sistema de salud argentino ha recibido un duro golpe con la decisión del Gobierno de Javier Milei de recortar funciones del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y desmantelar el Programa Nacional de Cuidados Paliativos.
Esta medida, que afecta a los pacientes con cáncer avanzado, suspende la compra de opioides esenciales como morfina y metadona, y ha generado indignación en profesionales de la salud y familiares de pacientes.
Un programa esencial que el Gobierno desmanteló
Creado en 2016, el Programa Nacional de Cuidados Paliativos era un pilar fundamental para garantizar la atención integral de pacientes con cáncer avanzado, especialmente en las provincias más vulnerables.
Sus funciones clave incluían:
✅ Provisión de medicamentos esenciales para aliviar el dolor severo.
✅ Formación de recursos humanos especializados en cuidados paliativos.
✅ Asistencia a equipos de salud en todo el país.
Pero tras el recorte, solo quedan dos de los ocho integrantes originales del equipo, dejando al programa sin capacidad operativa.
Consecuencias alarmantes
Sin opioides, los pacientes con cáncer avanzado sufrirán un aumento del dolor y el deterioro de su calidad de vida.
Menos especialistas agravan la ya escasa cobertura en cuidados paliativos: solo el 14% de quienes los necesitan los reciben.
Recorte presupuestario brutal: el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) denunció que el INC sufrió una subejecución del 55% de su presupuesto en 2024.
El silencio del Ministerio de Salud y la reacción de los profesionales
Organizaciones como la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) han manifestado su preocupación por la falta de respuestas del Ministerio de Salud, que hasta ahora no ha desmentido las denuncias ni ha presentado un plan alternativo.
Además, la interrupción de estos programas afecta directamente la Ley de Oncopediatría (2022), poniendo en riesgo los avances logrados en la atención de niños con cáncer.
La gente en la calle: convocan a una marcha
El 27 de febrero, trabajadores de la salud marcharán en defensa del sistema público para visibilizar lo que consideran un abandono estatal.
Mientras el Gobierno ajusta en salud, miles de pacientes quedan desprotegidos y sufriendo en silencio.