Luego de que el INDEC informara una inflación del 2,2% en enero, el presidente Javier Milei celebró el dato con un video en sus redes sociales. Sin embargo, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron el festejo y remarcaron que la caída en los precios no se traduce en una mejora real para la mayoría de la población.
“Por más que el presidente festeje, la baja de la inflación en el bolsillo de los trabajadores no se siente”, afirmó el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Según el dirigente, “el Gobierno se esfuerza en montar un relato que contrasta con la realidad cotidiana de la gente”.
Aguiar sostuvo que la reducción en la inflación se logró a costa de “una brutal recesión”, acompañada por una ola de despidos en el sector público y privado. “Poco sirve que baje la inflación para aquellos que ni siquiera tienen salarios”, advirtió.
Desempleo y pérdida del poder adquisitivo
Según datos de la Secretaría de Trabajo, se perdieron 185.000 empleos en el sector público y privado hasta noviembre. Se estima que, a la fecha, la cifra asciende a 230.000.
Además, Aguiar señaló que la devaluación implementada por el ministro Luis Caputo al inicio de la gestión aún no fue compensada en los ingresos. “Las paritarias quedaron muy por debajo de la evolución de los precios. En la Administración Pública Nacional, los salarios quedaron 44,4% por debajo de la inflación en 2024”, remarcó.
“Hay que ser muy ingenuo o estar desprevenido para creerse el verso de que los salarios en dólares le ganan a la inflación”, agregó el referente gremial, subrayando que “los salarios no deben medirse en dólares, sino en litros de leche, kilos de carne y alquileres que pueden pagar”.
Consumo en caída y salarios insuficientes
Un informe de una consultora especializada revela que el consumo en supermercados y almacenes de barrio cayó un 13,9% en 2024, una de las bajas más pronunciadas en los últimos 20 años.
A su vez, trabajadores del INDEC estimaron que, en enero, el salario mínimo necesario para cubrir una canasta de consumos mínimos debiera ser de $1.616.148. Sin embargo, el Gobierno sigue utilizando un método de medición considerado “obsoleto” por especialistas.
“Con este Gobierno, el derecho constitucional a una retribución justa pasó a ser historia. Hoy, un salario promedio está muy lejos de garantizar vivienda digna, alimentación adecuada, salud, educación y hasta esparcimiento”, concluyó Aguiar.