El diputado provincial de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, lanzó fuertes críticas contra los “trapitos” y denunció la existencia de una organización detrás de estas prácticas. En diálogo con Radio Splendid, Castello afirmó que “muchas veces hay una mafia detrás de esto, grupos organizados que se reparten las cuadras y operan en las inmediaciones de eventos masivos, como recitales y partidos de fútbol”.
El legislador, que presentó un proyecto para modificar el artículo 74 del Código de Faltas, busca considerar estas actividades como delitos contra el orden público, aplicando sanciones económicas o incluso arrestos. “Existirían penas con el simple hecho de que alguien ofrezca el servicio y regirá para cualquier ciudad o pueblo de la provincia de Buenos Aires”, aseguró el diputado.
Según la iniciativa, quienes ejerzan estas prácticas podrán enfrentarse a multas que oscilan entre el 15% y el 40% del sueldo de un Agente de Seguridad bonaerense o penas de arresto de hasta 30 días. Además, se incorpora una agravante para quienes actúen de manera organizada o durante eventos masivos, duplicando las sanciones. “Lo vemos todos los domingos en televisión, alguien quiere dejar el auto a 20 cuadras de un estadio y le cobran hasta 40 mil pesos. Es una extorsión a cielo abierto”, sentenció Castello.
Otro punto clave del proyecto es el aumento de las penas si la persona oculta su identidad con capuchas, pañuelos u otros elementos similares, así como el endurecimiento de sanciones si se encuentran armas no convencionales al momento de la detención. “No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que hay una protección desde más arriba, ya sea desde la policía o el poder político”, lanzó el legislador.
Castello fue más allá y responsabilizó al peronismo y al kirchnerismo por no haber avanzado en regulaciones al respecto: “Siempre han puesto a los malos como buenos y nos han hecho sentir culpables por querer ordenar estos abusos”. El diputado insiste en que su proyecto no exige que haya una retribución económica para que se aplique la sanción, lo que permitiría a la policía intervenir con solo constatar la actividad.
El proyecto, presentado hace tan solo unos días, ha generado polémica y repercusión mediática, especialmente por el impacto que tendría en quienes dependen de estas actividades como fuente de ingresos en un contexto de crisis económica. Sin embargo, Castello sostiene que la medida busca “garantizar el orden en la vía pública y evitar situaciones de presión o coacción hacia los automovilistas”.
“La libertad y la propiedad privada de la gente están en juego. Vamos a ver qué pasa cuando esto se empiece a discutir en la legislatura”, concluyó el diputado, anticipando un debate encendido en el ámbito político bonaerense.